Estatuto Nacional de Drogas se actualizará, resucita el debate
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Incluir drogas sintéticas y bajar cantidades permitidas para marihuana, algunas iniciativas.
Que un conductor de servicio público involucrado en un accidente grave y bajo los efectos de la droga tenga el doble de cárcel que un conductor particular; o que tenga menos condena quien sea detenido con marihuana que quien lleve escopolamina (droga asociada a robos y abusos) puede sonar lógico para cualquiera.
Con disposiciones como esas, que increíblemente no están en la legislación colombiana, empezará la actualización, después de 26 años, del Estatuto Nacional de Drogas, que el Ministerio de Justicia presentó esta semana ante más de 30 instituciones y seis universidades del país y que están a punto de convertirse en proyecto de ley.
En la propuesta, que sigue en etapa de consultas, el Gobierno revive el debate sobre la dosis mínima de droga. El gobierno del expresidente Álvaro Uribe, después de varios intentos fallidos, logró prohibir el porte, pero sin penalizarlo. El anteproyecto establece que la dosis personal "es la cantidad de sustancia sicoactiva ilícita que una persona porta o conserva para su propio consumo", pero baja las cantidades. En el caso de la marihuana, de 20 a cinco gramos.
Algunos sectores consideran que la iniciativa marcha en contravía de la determinación del gobierno Santos de abrir el debate sobre la legalización de la droga.
Otros, sin embargo, señalan que por primera vez en el país se hace equilibrio entre prevención, libre personalidad y sanciones para quienes incurran en daños sociales.
También se introducen en la legislación sanciones para un tema silencioso que va en crecimiento: el uso indiscriminado de medicinas legales. Cualquier profesional de la salud que formule ilegalmente medicamentos de regulación especial se expondría a penas entre 4 y 12 años, así como a una inhabilidad hasta de 15 años. Pero las sanciones no solo serán penales sino educativas. Se contempla imponer trabajo social hasta por tres meses para quienes consuman sustancias ilícitas frente a menores de edad, o el cierre temporal e incluso definitivo de locales comerciales en los que se permita la conducta.
Sin embargo, la mayor apuesta estaría en campañas de prevención. En el caso de niños (a sus padres les aplicarán multas) y mujeres en embarazo, serán sometidos a tratamientos en centros de rehabilitación. Además, se busca imitar el modelo antitabaco para que en colegios, universidades, lugares de trabajo y espacios públicos se reduzcan los casi 300.000 adictos que -según el Estudio Nacional de Consumo- tiene el país.
Beneficios por erradicar cultivos ilícitos
Se plantea que los pequeños cultivadores que decidan erradicar y sustituir sus cultivos ilícitos serían cobijados con el principio de oportunidad. Jefes y narcos no recibirán ningún beneficio jurídico.
'Reabrir la discusión sobre prohibición es un retroceso'
Juan Carlos Vélez, senador de 'la U'
¿Debe revivir el debate de la dosis mínima en Colombia?
El Gobierno no está teniendo en cuenta el acto legislativo del 2009, que prohibió el porte y consumo de la dosis mínima. Sería un retroceso enorme frente al avance que se había logrado en el Gobierno anterior, no solamente para controlar el el consumo y porte sino para controlar la comercialización, que se estaba haciendo a través de la figura de la dosis mínima por parte de los expendedores de drogas.
¿Legalización es equivalente a aumento del consumo?
Plantear la legalización del consumo es supremamente grave. En los países en los que se ha aprobado la legalización después de unos años, les ha tocado tomar medidas y echar para atrás decisiones. Entrar en proceso de legalización lleva a un mayor consumo y un crecimiento de número de adictos de sustancias.
¿Cómo debería ser una verdadera política en contra del consumo?
Creo que hay dos proyectos de ley que se van a chocar en el Congreso. Uno es el del Gobierno y otro es de nuestra autoría. Lo que proponemos es en parte retomando el proyecto del gobierno del presidente Uribe, que hoy en día tiene ponencia favorable tanto por el senador Galán como por mí. De manera que habría un proyecto que plantea la legalización y el nuestro, que es una propuesta que va mucho más allá. Llamamos al Gobierno a que se vincule a nuestra propuesta, pero que ponga de elemento central la prevención.
¿Qué plantea la iniciativa?
Que antes de pensar en legalizaciones y prohibiciones, se debería pensar en una campaña seria de rehabilitación de adictos. La Constitución dice tres cosas: no se permite el porte de drogas, se establecen criterios para prevención por parte del Estado y no se habla de penalización. Es decir, no se permite el consumo pero no se plantea llevar al consumidor a la cárcel. Esa reglamentación de la dosis mínima no duraría un segundo en la Corte Constitucional.
¿Hay desatención del Estado a los drogadictos?
La única forma como puede ser atendido un adicto en Colombia es si es menor de edad. Si es mayor de edad, le toca acudir a la tutela para ser atendido. Pretendemos incluir en el Plan Obligatorio de Salud tratamientos para adictos, así sean mayores de edad. Una persona que sea detenida debe tener la posibilidad de rehabilitarse. En Colombia no se habla de prevención; parece que no existiera. Si existiera la misma intensidad que hay en las campañas contra el cigarrillo, habríamos logrado un gran avance.
'Es el primer proyecto que cubre cadena del consumo'
Augusto Pérez, director de Nuevos Rumbos
¿Por qué se vuelve a debatir la legalización de la dosis mínima?
Yo creo que esto empezó mal en el gobierno de Uribe. Puso toda su carga emocional y política para hacer aprobar esta penalización, pero nunca hubo un convencimiento real. Era absurdo que se propusiera que cuando una persona la agarraran en posesión de sustancias o bajo su efecto, la llevaran a una comisaría de Policía. Y allá, en seis horas, un experto tenía que dictaminar si era un adicto o no y tenía que llevarlo a tratamiento. Es in- constitucional, nadie puede ser obligado a recibir tratamiento.
¿Cuáles son los grandes avances ahora?
Es la primera vez en la historia del país en donde se presenta un proyecto que cubre cada uno de los elementos que componen la cadena en lo que se refiere al consumo, incluyendo el perjuicio que se les puede hacer a personas que no son consumidoras. No se admite en ninguna circunstancia que consuman personas que no lo pueden hacer: menores de edad y mujeres embarazadas. Se habla de la importancia de los programas preventivos a un nivel descentralizado, de contrarrestar el tráfico a pequeña escala, por ejemplo a nivel escolar; de la importancia de que en los manuales de convivencia eso esté muy claro.
¿Cuál es la situación de Colombia frente al consumo de medicamentos?
Mi opinión es que ahí tenemos un problema muy serio. Colombia tiene una cantidad importantísima de jóvenes consumiendo medicamentos que no han sido formulados. En segundo lugar, yo sé que lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero creo que aquí hay una responsabilidad médica muy grande. Los médicos -en particular los psiquiatras- están recetando medicamentos a diestra y siniestra y creando drogadictos porque se vuelven dependientes de esas sustancias. Estar triste es simplemente una dimensión del ser humano, no tienen por qué ponerle a eso el título de depresión y recetar.
¿Por qué legalizar?
Es una idea buena porque pasa toda la situación a convertirla en un problema de salud pública, lo que en mi opinión es profundamente positivo. Va en la misma dirección de todos los países de Occidente, exceptuando los EE. UU. El proyecto maneja un discurso coherente con las normas internacionales. Deja a los países en libertad de hacer lo que crean más conveniente con respecto al consumo, pero son claros en el hecho de que producir sustancias y venderlas constituye un delito.
Las reflexiones de Santos
El presidente lidera debate tabú en todo el mundo
Esta semana, en una entrevista con María Isabel Rueda y Yamit Amat, el presidente Santos ahondó en sus reflexiones sobre la legalización, debate que será central en la próxima Cumbre de las Américas.
"Estados Unidos dice que la legalización es peor. Bueno, analicemos si es peor o no: si aumenta el número de adictos, ¿cuánto cuesta tratar esos adictos versus cuánto cuesta tener medio millón, no sé cuántos, presos en las cárceles por consumir droga o por traficar?", dijo.Y agregó: "¿Cómo se puede descriminalizar, quitarles las utilidades a todas estas bandas criminales?".
REDACCIÓN JUSTICIA
